Por la seguridad y calidad del servicio
La Federación Española de PYMES de Ascensores (FEPYMA), ha celebrado en Madrid, los pasados días 20 y 21 de febrero, su I Congreso nacional de pymes ascensoristas, con el lema “por la seguridad y calidad del servicio”..
La falta de vigilancia del mercado por parte de las autoridades, una excesiva liberalización de las empresas de inspección, una crisis económica que ha mermado la capacidad inversora del ciudadano y la incursión de algunos actores carentes de ética empresarial, ha provocado la necesidad de establecer un compromiso del sector de pymes ascensoristas, que permita recuperar la calidad y la seguridad en las actuaciones.
A lo largo de las jornadas y en el debate realizado en la mesa de trabajo sobre “Incidencia de la crisis económica y cambios normativos en la actividad de instalación y mantenimiento de ascensores”, el Presidente de FEDAOC, Jesús Méntrida, aportó datos e información respecto a la situación de los Organismos de Control, para justificar nuestra adhesión al Manifiesto “Por la seguridad y calidad del servicio en la instalación y mantenimiento de ascensores”:
1.- Conceptos clave: La Ley de Industria 21/1992: establece el objeto de la seguridad, el contenido de los Reglamentos, los medios de prueba del cumplimiento reglamentario y el control administrativode dicho cumplimiento.
Reglamento: es la especificación técnica establecida con carácter obligatorio para la fabricación, comercialización o utilización de productos e instalaciones.
Inspección: consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos que sean de aplicación.
OC: realizan en el ámbito reglamentario, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
La seguridad industrial es un servicio público de interés general que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros.
Las actividades de prevención y protección tendrán como finalidad limitar las causas que originen los riesgos y establecer los controles que permitan detectar o contribuir a evitar la aparición de riesgos y posibles accidentes.
La función pública y el régimen de autorización administrativavienen plenamente justificados, entre otras, por las siguientes motivaciones:
- Los servicios de inspección no son solicitados voluntariamente por los usuarios o titulares de las instalaciones, sino que son impuestos por las disposiciones legales y los reglamentos.
- Las consecuencias de un accidente pueden desbordar al titular en la fuente del riesgo y puede afectar a terceros, lo que justifica que sean servicios de carácter obligatorio.
- Los titulares de las instalaciones no tienen la capacidad para evaluar la calidad del servicio debido a su complejidad técnica, lo que obliga a que sea la Administración la que deba garantizar la seguridad, interviniendo activamente para evitar que la competencia entre los operadores de inspección no afecte a la calidad de las inspecciones.
2.- Situación actual: Hay más de 1 millón de ascensores instalados, con un incremento medio anual del 5,2 %. Se inspeccionan del orden de 350.000 aparatos, por 59 operadores, en 2006 el precio medio era 115 € y hoy 56 €, llegándose incluso a 25 € en concursos de instituciones públicas, a modo de subasta. Es difícil de creer que verificar con rigor el estado de seguridad de un ascensor por parte de un ingeniero acreditado, con equipos y medios necesarios adecuados, y con la experiencia y formación requerida, se pueda hacer por ese precio. El mantenimiento no es distinto: se están realizando contratos a 49 €/mes “básico” y 75 €/mes “todo riesgo”, es preocupante pensar que se puede mantener con ese precio, que garantía de tranquilidad al usuario. Las inspecciones periódicas evidencian mucha carencia de buen hacer, encontrando un 57 % ascensores con defectos: 36 % DG y 23 % DL.
En la época de boom y crecimiento 2000 a 2007, la defectología mayor es relativa al marcado CE (26%), es decir la autocertificación del fabricante y el control de ON deben cuestionarse. Después del 2007 hasta hoy, se aprecia una bajada en la calidad del mantenimiento, y hay una inflexión importante en 2013 con la entrada en vigor del RD 88 “sobre 2as inspecciones”, los DG disminuyen tras esa segunda visita.
Los datos son siempre parciales, pues desconocemos si todos los operadores informan a su autoridad competente de las actuaciones realizadas en todos los campos en los que están acreditados. La información de alguna CCAA es muy completa, pública y transparente, pero no en todas, y no existe una información centralizada y global que permita tener una visión rigurosa del porcentaje de equipos inspeccionados respecto al global, de la tipología de defectos encontrada y de la corrección de los mismos en tiempo y forma. Aun así, el campo ascensores es el mejor controlado, en el sentido de que el RAE permite un seguimiento aceptable. Cuesta entender como no se establece un sistema de información y reporte, como por ejemplo, el existente en las ITV, donde al final de cada día, la DGT y todas las CCAA conocen cada vehículo inspeccionado y que defectos tiene.
3.- Razones para cambiar marco actual: Existe un evidente deterioro de la actividad de inspección como entidad de tercera parte; en integridad, independencia e imparcial, se está pasando del RIGOR(década 1980) a la COMMODITY algo sin valor (actual). Se mantienen algunos requisitos como:
-Independencia: de actividades de proyecto, construcción, instalación, suministro, mantenimiento.
- Póliza de seguros de responsabilidad civil.
- Adecuada formación técnica, profesional y conocimientos de las exigencias reglamentarias.
- Requisitos de competencia técnica, s/ ISO 17020.
- Acreditación por ENAC s/ R 765/2008.
- Declaración responsable.
- Supervisión por la Autoridad Pública competente.
Y se han perdido requisitos muy relevantes como:
- Las autoridades regionales de Industria inspeccionarán las EC verificando idoneidad personal y medios.
- Dispondrán de 40 técnicos titulados, con plena dedicación, legalmente contratados.
- Al menos 1/3 técnicos deben tener experiencia previa y continuada de 5 años.
- Comunicación de tarifas a aplicar.
- Solvencia financiera.
- Autorización administrativa por la CCAA.
Esta situación está provocando que el nº de operadores dedicados al control crece de forma constante, independientemente de la necesidad del mercado. De 9 a 85 acreditados, actualmente, 59 de los cuales actúan en el campo de ascensores. Desde 1997 a la actualidad el número de operadores en reglamentos de seguridad industrial se ha multiplicado por ocho.
Al aumentar la competencia, el rigor en la búsqueda de defectos en las inspecciones, disminuye. Cae el nº de defectos encontrados, pues la única ventaja competitiva es el precio y la pérdida de seriedad, sólo se valora el certificado sin problemas. En FEDAOC estamos trabajando para intentar establecer unas listas de chequeo uniformes y unos tiempos mínimos de inspección, que garanticen el rigor y el buen hacer. De ello depende que se detecten defectos que ocasionan daños muy importantes y en demasiados casos la muerte de personas.
Es primordial el rigor en la búsqueda de puntos débiles, que pongan a las personas en situaciones de riesgo, y esto no puede quedar sometido a intereses de beneficio económico.
Las regulaciones que favorecen la liberalización, está en manos del operador que ofrece menor precio, menor tiempo de inspección y menor rigor técnico.
Ineludiblemente, se produce una laxitud en las actuaciones para atraer a los clientes.
Los presupuestos de reparación y mejora de las empresas mantenedoras caen proporcionalmente al descenso de defectos.
La no ejecución de esas adecuaciones y reparaciones, supone una pérdida de actividad económica que se traduce en pérdida de empleo.
Otra consecuencia derivada de las anteriores es la obsolescencia de los aparatos y el retraso tecnológico del sector.
¿Precio y calidad están relacionados? , ¿y si hablamos de la calidad en inspeccionar y mantener adecuadamente un ascensor que usamos a diario, y donde un fallo de un elemento crítico puede ocasionar un accidente con consecuencias muy graves?. En otros países europeos, a los que nos gusta referirnos cuando hablamos de calidad de sus productos, se identifican las instalaciones y equipos que presentan alto riesgo para el ciudadano, entre las cuales se incluyen los ascensores, y se establece un elevado nivel de requisitos personales, técnicos y de capacidad territorial, que de plena garantía de sus actuaciones. La acreditación es voluntaria, pues sólo tiene sentido en el reconocimiento mutuo para el intercambio de productos del mercado único, pero la habilitación para inspeccionar con rigor y garantía, precisa de autorización en cada región, previo cumplimiento de las exigencias y requisitos reglamentarios.
4.- Objetivos a conseguir: El modelo actual confunde el servicio de una actividad económica con el prestado como una función pública delegada por la Administración.
En el modelo español hemos hecho la acreditación obligatoria y la habilitación con Declaración Responsable, y una vigilancia del mercado “a posterior” por la Administración, que no tiene medios para garantizar que los operadores son íntegros y realizan bien su trabajo. Salvo contadas y puntuales excepciones, donde el celo profesional de algunos funcionarios públicos, supervisa las inspecciones, velando por garantizar el buen hacer de los operadores.
En primer lugar, hay que garantizar un nivel de seguridad, limitación del riesgo y control adecuado. Posteriormente, una vez conseguido, se puede establecer un marco de competencia leal, pero no antes.
Es necesario revisar y actualizar la actual Ley de Industria y/o redactar una nueva Ley de Seguridad Industrial.
Hay que recuperar la Autorización Administrativa, que permita un control efectivo de la autoridad competente, sobre los agentes. Hay que añadir a las tres razones expuestas al inicio, que c iertamente es mucho más efectivo que una supervisión documental “a posteriori”, que nunca va a evitar que el daño o accidente ya se haya producido. Mediante el control administrativo previo, la autoridad competente posee medios para sancionar y llegado el caso quitar del mercado, al operador sin escrúpulos que tanto daño está ocasionando a la confianza del administrado en nuestro trabajo.
Homogenizar procedimientos actuación, que aseguren niveles de rigor y evaluación uniformes.
Estadísticas del sector, que permitan conocer grado de cumplimiento de los titulares, accidentalidad, defectología y su evolución en el tiempo.
Garantizar la calidad y seguridad de las inspecciones, mediante una supervisión y vigilancia de la Administración sobre los OC, que sea efectivo y riguroso.
El presidente de mi CCVV siempre adjudica la inspección del ascensor al “más barato”. Mi deseo es que lo adjudique al “más competente”.
Y todos somos responsables de mejorar los niveles de educación ciudadana para que aprecie, valore y compre calidad y seguridad, y no sólo un papel (la pegatina y/o el certificado).
Tras el acto, se procedió a la firma del Manifiesto “Por la seguridad y calidad del servicio en la instalación y mantenimiento de ascensores”, por parte de Lorenzo Beltrán, Presidente de FEPYMA, Fco. Javier Abajo, Director General de Industria de la Comunidad de Madrid, Jesús Méntrida, Presidente de FEDAOC, Salvador Díez, Presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y Gerardo Cortijo, Responsable Bienes Equipo Industria Estatal de CCOO.
Madrid 22 febrero 2018
La falta de vigilancia del mercado por parte de las autoridades, una excesiva liberalización de las empresas de inspección, una crisis económica que ha mermado la capacidad inversora del ciudadano y la incursión de algunos actores carentes de ética empresarial, ha provocado la necesidad de establecer un compromiso del sector de pymes ascensoristas, que permita recuperar la calidad y la seguridad en las actuaciones.
A lo largo de las jornadas y en el debate realizado en la mesa de trabajo sobre “Incidencia de la crisis económica y cambios normativos en la actividad de instalación y mantenimiento de ascensores”, el Presidente de FEDAOC, Jesús Méntrida, aportó datos e información respecto a la situación de los Organismos de Control, para justificar nuestra adhesión al Manifiesto “Por la seguridad y calidad del servicio en la instalación y mantenimiento de ascensores”:
1.- Conceptos clave: La Ley de Industria 21/1992: establece el objeto de la seguridad, el contenido de los Reglamentos, los medios de prueba del cumplimiento reglamentario y el control administrativode dicho cumplimiento.
Reglamento: es la especificación técnica establecida con carácter obligatorio para la fabricación, comercialización o utilización de productos e instalaciones.
Inspección: consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos que sean de aplicación.
OC: realizan en el ámbito reglamentario, actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.
La seguridad industrial es un servicio público de interés general que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros.
Las actividades de prevención y protección tendrán como finalidad limitar las causas que originen los riesgos y establecer los controles que permitan detectar o contribuir a evitar la aparición de riesgos y posibles accidentes.
La función pública y el régimen de autorización administrativavienen plenamente justificados, entre otras, por las siguientes motivaciones:
- Los servicios de inspección no son solicitados voluntariamente por los usuarios o titulares de las instalaciones, sino que son impuestos por las disposiciones legales y los reglamentos.
- Las consecuencias de un accidente pueden desbordar al titular en la fuente del riesgo y puede afectar a terceros, lo que justifica que sean servicios de carácter obligatorio.
- Los titulares de las instalaciones no tienen la capacidad para evaluar la calidad del servicio debido a su complejidad técnica, lo que obliga a que sea la Administración la que deba garantizar la seguridad, interviniendo activamente para evitar que la competencia entre los operadores de inspección no afecte a la calidad de las inspecciones.
2.- Situación actual: Hay más de 1 millón de ascensores instalados, con un incremento medio anual del 5,2 %. Se inspeccionan del orden de 350.000 aparatos, por 59 operadores, en 2006 el precio medio era 115 € y hoy 56 €, llegándose incluso a 25 € en concursos de instituciones públicas, a modo de subasta. Es difícil de creer que verificar con rigor el estado de seguridad de un ascensor por parte de un ingeniero acreditado, con equipos y medios necesarios adecuados, y con la experiencia y formación requerida, se pueda hacer por ese precio. El mantenimiento no es distinto: se están realizando contratos a 49 €/mes “básico” y 75 €/mes “todo riesgo”, es preocupante pensar que se puede mantener con ese precio, que garantía de tranquilidad al usuario. Las inspecciones periódicas evidencian mucha carencia de buen hacer, encontrando un 57 % ascensores con defectos: 36 % DG y 23 % DL.
En la época de boom y crecimiento 2000 a 2007, la defectología mayor es relativa al marcado CE (26%), es decir la autocertificación del fabricante y el control de ON deben cuestionarse. Después del 2007 hasta hoy, se aprecia una bajada en la calidad del mantenimiento, y hay una inflexión importante en 2013 con la entrada en vigor del RD 88 “sobre 2as inspecciones”, los DG disminuyen tras esa segunda visita.
Los datos son siempre parciales, pues desconocemos si todos los operadores informan a su autoridad competente de las actuaciones realizadas en todos los campos en los que están acreditados. La información de alguna CCAA es muy completa, pública y transparente, pero no en todas, y no existe una información centralizada y global que permita tener una visión rigurosa del porcentaje de equipos inspeccionados respecto al global, de la tipología de defectos encontrada y de la corrección de los mismos en tiempo y forma. Aun así, el campo ascensores es el mejor controlado, en el sentido de que el RAE permite un seguimiento aceptable. Cuesta entender como no se establece un sistema de información y reporte, como por ejemplo, el existente en las ITV, donde al final de cada día, la DGT y todas las CCAA conocen cada vehículo inspeccionado y que defectos tiene.
3.- Razones para cambiar marco actual: Existe un evidente deterioro de la actividad de inspección como entidad de tercera parte; en integridad, independencia e imparcial, se está pasando del RIGOR(década 1980) a la COMMODITY algo sin valor (actual). Se mantienen algunos requisitos como:
-Independencia: de actividades de proyecto, construcción, instalación, suministro, mantenimiento.
- Póliza de seguros de responsabilidad civil.
- Adecuada formación técnica, profesional y conocimientos de las exigencias reglamentarias.
- Requisitos de competencia técnica, s/ ISO 17020.
- Acreditación por ENAC s/ R 765/2008.
- Declaración responsable.
- Supervisión por la Autoridad Pública competente.
Y se han perdido requisitos muy relevantes como:
- Las autoridades regionales de Industria inspeccionarán las EC verificando idoneidad personal y medios.
- Dispondrán de 40 técnicos titulados, con plena dedicación, legalmente contratados.
- Al menos 1/3 técnicos deben tener experiencia previa y continuada de 5 años.
- Comunicación de tarifas a aplicar.
- Solvencia financiera.
- Autorización administrativa por la CCAA.
Esta situación está provocando que el nº de operadores dedicados al control crece de forma constante, independientemente de la necesidad del mercado. De 9 a 85 acreditados, actualmente, 59 de los cuales actúan en el campo de ascensores. Desde 1997 a la actualidad el número de operadores en reglamentos de seguridad industrial se ha multiplicado por ocho.
Al aumentar la competencia, el rigor en la búsqueda de defectos en las inspecciones, disminuye. Cae el nº de defectos encontrados, pues la única ventaja competitiva es el precio y la pérdida de seriedad, sólo se valora el certificado sin problemas. En FEDAOC estamos trabajando para intentar establecer unas listas de chequeo uniformes y unos tiempos mínimos de inspección, que garanticen el rigor y el buen hacer. De ello depende que se detecten defectos que ocasionan daños muy importantes y en demasiados casos la muerte de personas.
Es primordial el rigor en la búsqueda de puntos débiles, que pongan a las personas en situaciones de riesgo, y esto no puede quedar sometido a intereses de beneficio económico.
Las regulaciones que favorecen la liberalización, está en manos del operador que ofrece menor precio, menor tiempo de inspección y menor rigor técnico.
Ineludiblemente, se produce una laxitud en las actuaciones para atraer a los clientes.
Los presupuestos de reparación y mejora de las empresas mantenedoras caen proporcionalmente al descenso de defectos.
La no ejecución de esas adecuaciones y reparaciones, supone una pérdida de actividad económica que se traduce en pérdida de empleo.
Otra consecuencia derivada de las anteriores es la obsolescencia de los aparatos y el retraso tecnológico del sector.
¿Precio y calidad están relacionados? , ¿y si hablamos de la calidad en inspeccionar y mantener adecuadamente un ascensor que usamos a diario, y donde un fallo de un elemento crítico puede ocasionar un accidente con consecuencias muy graves?. En otros países europeos, a los que nos gusta referirnos cuando hablamos de calidad de sus productos, se identifican las instalaciones y equipos que presentan alto riesgo para el ciudadano, entre las cuales se incluyen los ascensores, y se establece un elevado nivel de requisitos personales, técnicos y de capacidad territorial, que de plena garantía de sus actuaciones. La acreditación es voluntaria, pues sólo tiene sentido en el reconocimiento mutuo para el intercambio de productos del mercado único, pero la habilitación para inspeccionar con rigor y garantía, precisa de autorización en cada región, previo cumplimiento de las exigencias y requisitos reglamentarios.
4.- Objetivos a conseguir: El modelo actual confunde el servicio de una actividad económica con el prestado como una función pública delegada por la Administración.
En el modelo español hemos hecho la acreditación obligatoria y la habilitación con Declaración Responsable, y una vigilancia del mercado “a posterior” por la Administración, que no tiene medios para garantizar que los operadores son íntegros y realizan bien su trabajo. Salvo contadas y puntuales excepciones, donde el celo profesional de algunos funcionarios públicos, supervisa las inspecciones, velando por garantizar el buen hacer de los operadores.
En primer lugar, hay que garantizar un nivel de seguridad, limitación del riesgo y control adecuado. Posteriormente, una vez conseguido, se puede establecer un marco de competencia leal, pero no antes.
Es necesario revisar y actualizar la actual Ley de Industria y/o redactar una nueva Ley de Seguridad Industrial.
Hay que recuperar la Autorización Administrativa, que permita un control efectivo de la autoridad competente, sobre los agentes. Hay que añadir a las tres razones expuestas al inicio, que c iertamente es mucho más efectivo que una supervisión documental “a posteriori”, que nunca va a evitar que el daño o accidente ya se haya producido. Mediante el control administrativo previo, la autoridad competente posee medios para sancionar y llegado el caso quitar del mercado, al operador sin escrúpulos que tanto daño está ocasionando a la confianza del administrado en nuestro trabajo.
Homogenizar procedimientos actuación, que aseguren niveles de rigor y evaluación uniformes.
Estadísticas del sector, que permitan conocer grado de cumplimiento de los titulares, accidentalidad, defectología y su evolución en el tiempo.
Garantizar la calidad y seguridad de las inspecciones, mediante una supervisión y vigilancia de la Administración sobre los OC, que sea efectivo y riguroso.
El presidente de mi CCVV siempre adjudica la inspección del ascensor al “más barato”. Mi deseo es que lo adjudique al “más competente”.
Y todos somos responsables de mejorar los niveles de educación ciudadana para que aprecie, valore y compre calidad y seguridad, y no sólo un papel (la pegatina y/o el certificado).
Tras el acto, se procedió a la firma del Manifiesto “Por la seguridad y calidad del servicio en la instalación y mantenimiento de ascensores”, por parte de Lorenzo Beltrán, Presidente de FEPYMA, Fco. Javier Abajo, Director General de Industria de la Comunidad de Madrid, Jesús Méntrida, Presidente de FEDAOC, Salvador Díez, Presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y Gerardo Cortijo, Responsable Bienes Equipo Industria Estatal de CCOO.
Madrid 22 febrero 2018
